Por Lupe Batallán.
Hubo un tiempo en que Agustín Laje era, para muchos de nosotros, una voz incómoda y necesaria. Partidario del “dime quién te paga y te diré quién eres”, durante el debate del aborto, Laje usó ese argumento como martillo. Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, todas las organizaciones del progresismo que apoyaban la despenalización tenían un denominador común: fondos externos, vinculados a la red de George Soros, a intereses foráneos, al lobby woke. Porque en definitiva, el que firma el cheque es el que sostiene la correa.
Era un argumento válido. Y Laje lo sostenía con datos, con nombres, con organigramas de financiamiento que él mismo rastreaba y exponía públicamente. El problema es que ese principio no tiene cláusula de excepción para los amigos.
Hoy Agustín Laje conduce la Fundación Faro. Y la Fundación Faro tiene un problema serio con exactamente la misma pregunta que él le hacía a los demás: ¿quién la financia?
Los números que no mienten
Los datos del balance que la fundación presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ), salieron a luz gracias a una investigación publicada por Chequeado. En 2023, cuando todavía se llamaba Fundación Valorar, declaró un patrimonio neto de apenas $12 millones e ingresos de $49 millones. En 2024, el patrimonio trepó a $4.394 millones: un incremento de 356 veces en un solo año.
El balance consigna ingresos de casi $5.000 millones —unos 4,8 millones de dólares— bajo el concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Pero en ninguna parte del documento se identifica quiénes fueron los donantes. Anónimos todos. En una fundación conducida por el hombre que hizo de la transparencia del financiamiento su caballito de batalla intelectual.
La mayor parte de esos recursos no se destinó a gastos operativos sino a inversiones financieras: $4.188 millones en fondos comunes de inversión, Letras del Tesoro nacional y bonos. Es decir, la fundación de la “batalla cultural” acumuló plata en instrumentos financieros. El resto se distribuyó en eventos y difusión ($205 millones), alquileres ($115 millones), servicios de seguridad ($59 millones) e impuestos ($76 millones), entre otros ítems. En sueldos y honorarios, apenas $63 millones sobre casi cinco mil millones recibidos.
La IGJ interviene y el reloj corre
El 1° de junio de 2026, la IGJ notificó formalmente a Fundación Faro y le dio diez días hábiles para identificar el origen de los casi $5.000 millones recibidos en 2024. Si no responde en tiempo y forma, se expone a sanciones que van desde el apercibimiento público hasta una multa de hasta $8 millones por cada infracción, monto actualizable semestralmente.
La exigencia se enmarca en la Resolución General IGJ N° 15/2024, que obliga a las organizaciones civiles a presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos cuando las donaciones superan los 40 salarios mínimos vitales y móviles en 30 días corridos. El documento exigido —el “Anexo XIII”— debe acompañar a los estados contables, y la Fundación Faro nunca lo había presentado.
A esto podemos sumar que entre 2025 y 2026, Fundación Faro gastó más de $1.000 millones en publicidad política y electoral en Meta (Facebook e Instagram), siendo el think tank libertario con mayor inversión publicitaria en redes sociales del país. En aquel entonces, tampoco declararon el origen de esos fondos.
El problema no es solo el dinero: es la coherencia
Lo complejo de todo esto es que Laje construyó su figura intelectual sobre la crítica al financiamiento turbio de las organizaciones progresistas, la necesidad del debate y las preguntas incómodas para llegar a la verdad. Hoy su fundación recibe casi cinco mil millones de pesos de donantes anónimos, en el primer año de gobierno de un presidente que la avala públicamente, y la respuesta a los periodistas y otros referentes de la Batalla Cultural que preguntan es el silencio.
¿Dónde quedó el Laje que debatía sin miedo? Hoy parece haber desaparecido.
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