En una maniobra que pone en evidencia su falta de compromiso con la seguridad pública, el gobierno chileno ha rechazado la propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal. Esta decisión llega en un contexto de creciente violencia, donde los delitos cometidos por menores de edad, muchos de ellos extranjeros, se han vuelto una preocupación constante para los ciudadanos.

Lejos de tomar medidas firmes para frenar esta ola de criminalidad, las autoridades optan por proteger a los infractores. Esto no solo permite que los menores delincuentes, que frecuentemente no enfrentan consecuencias por sus acciones, sigan cometiendo delitos, sino que también refleja un preocupante desdén por la seguridad de los chilenos de bien.
La situación empeora con la creciente presencia de menores extranjeros involucrados en actos criminales. En lugar de actuar con firmeza para controlar la violencia y hacer responsable a quienes violan la ley, el gobierno prefiere mantener una postura de tolerancia que termina favoreciendo a los criminales y aumentando la desconfianza de la ciudadanía.
La respuesta del gobierno es clara: proteger a los delincuentes, incluso aquellos que aún no alcanzan la mayoría de edad, parece ser la prioridad, mientras la población sufre a manos de la delincuencia desbordada. Chile necesita un cambio urgente en su enfoque hacia la seguridad y la justicia, para que los ciudadanos que obran bien puedan dejar de tener miedo, y que los malvados vivan asustados, tal como manda el Apostol San Pablo en el capítulo 13 de su carta a los Romanos:
“Porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para los que obran mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, porque es ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme, que no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra el mal. Por eso es preciso someterse, no sólo por temor del castigo, sino por conciencia.” (Romanos 13: 3-5)