A pesar de las advertencias claras y contundentes, tanto el gobierno como la oposición parecen decididos a seguir adelante con la reforma previsional, un proyecto que podría marcar un antes y un después en el sistema de pensiones chileno. Pero, ¿a qué costo? Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la implementación de esta reforma implicará la destrucción de cerca de 60.000 empleos formales, una cifra que algunos analistas elevan hasta los 100.000. Esto significa que decenas de miles de familias en el país quedarán sin una fuente de sustento en el largo plazo.
El principal factor detrás de este impacto es el aumento en la cotización previsional en siete puntos porcentuales. Este incremento, aunque destinado a fortalecer el sistema de pensiones, está siendo criticado por su potencial para encarecer los costos laborales, desincentivar la contratación formal y aumentar la informalidad en el mercado laboral. El golpe al empleo formal no es un daño colateral menor, sino una realidad que el propio gobierno ha reconocido.
Cabe recordar que esta reforma llega en un contexto en el que el mercado laboral chileno ya ha sido golpeado por una serie de medidas que han generado un impacto negativo significativo. Leyes como la Ley Karim y la Ley de las 40 horas, junto con el aumento irresponsable del salario mínimo y el déficit fiscal estructural, han contribuido a dejar a muchos chilenos y también a inmigrantes honestos que ingresaron legalmente al país sin empleos. Esta nueva medida parece destinada a empeorar aún más su situación.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha tratado de mitigar las críticas asegurando que los efectos negativos serán compensados por beneficios a largo plazo, como un aumento proyectado del 1,4% en el Producto Interno Bruto (PIB), un crecimiento de la inversión de capital en un 3,6% y un incremento del ahorro nacional en un 1,7%. Pero estas cifras prometedoras poco consuelo ofrecen a las familias que enfrentarán el desempleo en el corto plazo.
“Estamos hablando de políticas que van a empobrecer a familias reales, no a datos estadísticos. Mientras en La Moneda y el Congreso celebran la ‘sostenibilidad’ del sistema, hay miles de trabajadores que perderán su sustento”, denuncia un padre de familia que prefiere mantener el anonimato.
También resulta llamativo que la oposición, históricamente crítica con las reformas impulsadas por el actual gobierno, haya optado por respaldar este proyecto. Esta postura, según algunos analistas, responde a la necesidad de mostrar madurez política en un momento de tensión económica, pero plantea serias dudas sobre su compromiso con los sectores más vulnerables.
Por su parte, el gobierno defiende la gradualidad del aumento de la cotización como una medida paliativa y ha prometido introducir incentivos para fomentar el empleo formal. Sin embargo, estas promesas se enfrentan a un escepticismo creciente, especialmente entre quienes señalan que la confianza en el sistema laboral ya está profundamente erosionada.
La gran pregunta es: ¿vale la pena comprometer el sustento de más de 60.000 familias para alcanzar un modelo previsional “sostenible”? Mientras el debate continúa en los pasillos del Congreso, las vidas de miles de chilenos penden de un hilo. Si algo está claro, es que este proyecto no solo trata de números y balances, sino de historias humanas que podrán ser irreversiblemente marcadas por una decisión que, al parecer, ya está tomada.
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