Corrupción en Toga: El Poder Judicial al Desnudo

La reciente suspensión de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, ha puesto en evidencia preocupantes niveles de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial chileno. Según una investigación de The Clinic, Sabaj habría obtenido su cargo en mayo de 2020 gracias a las gestiones del abogado Luis Hermosilla y del exministro Andrés Chadwick.

Los mensajes de WhatsApp entre Sabaj y Hermosilla revelan una relación de favores mutuos. En octubre de 2021, tras la divulgación de los Pandora Papers que involucraban a la familia Piñera en la compraventa de la Minera Dominga, Sabaj asesoró a Hermosilla en la estrategia legal para defender al entonces presidente Sebastián Piñera. La ministra sugirió presentar un recurso de amparo para evitar que Piñera fuera imputado por la fiscalía, argumentando que el Ministerio Público ya había investigado el asunto previamente.

Además, Sabaj redactó un fallo que recusó a un juez del Séptimo Juzgado de Garantía en una causa que afectaba a Piñera, acción que ella misma propuso a Hermosilla. Estas acciones evidencian una preocupante manipulación del sistema judicial en favor de intereses particulares.

Ante estos antecedentes, la Corte Suprema decidió abrir un cuaderno de remoción contra Sabaj y ordenó su suspensión inmediata. La ministra vocera del máximo tribunal, Soledad Melo, informó que también se instruyó una investigación administrativa respecto del ministro Antonio Ulloa, mencionado en los chats con Hermosilla.

Este caso se suma a otros escándalos que han afectado la credibilidad del Poder Judicial en Chile. La filtración de audios que expone una presunta red de corrupción y tráfico de influencias en la élite judicial chilena ha golpeado al sistema de justicia, llevando incluso a la acusación formal de tres magistrados de la Corte Suprema ante la Cámara de Diputados.

La percepción pública sobre la independencia y transparencia del sistema judicial se ha visto gravemente afectada. Según una encuesta de Cadem, solo el 10% de los ciudadanos tiene una evaluación positiva del Poder Judicial, y un 77% no cree que garantice la igualdad ante la ley.

Es imperativo que se implementen reformas profundas para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. La independencia y transparencia del sistema de justicia son fundamentales en la lucha contra la corrupción y para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley.


Contamos con tu aporte para continuar este trabajo no financiado por la élite globalista.

Donar

Related Posts