Fiscal apunta al gobierno de Maduro en caso Ojeda.

El fiscal chileno Héctor Barros declaró que el gobierno venezolano estaría detrás del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. Ojeda, exteniente del ejército y opositor al régimen de Nicolás Maduro, fue encontrado muerto tras ser secuestrado por individuos disfrazados de policías. El cuerpo presentaba signos de tortura. Según la Fiscalía, tres ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua, una banda transnacional, estarían involucrados.

Debilidad en las relaciones con Venezuela

El gobierno de Gabriel Boric ha sido cuestionado por su postura hacia el régimen de Maduro. A pesar de condenas aisladas en foros internacionales, no ha habido una estrategia clara para enfrentar la influencia del crimen organizado venezolano en Chile. Esta situación ha permitido que redes delictivas extranjeras operen con impunidad.

El papel del exsubsecretario Manuel Monsalve

Manuel Monsalve, quien actualmente cumple prisión preventiva por un caso de violación, negoció en su momento con el gobierno de Maduro para enfrentar la delincuencia vinculada a migrantes venezolanos. Estas gestiones han sido criticadas por su falta de resultados concretos y por legitimar indirectamente a un régimen cuestionado.

Lentitud de las investigaciones penales

El caso Ojeda también evidencia las demoras en el sistema penal chileno. Que hayan pasado once meses para identificar sospechosos en un caso tan grave refleja un problema estructural que dificulta la respuesta ante amenazas a la seguridad nacional.

Impacto regional del crimen organizado

El asesinato de Ojeda no es un hecho aislado. La diáspora venezolana, producto de la crisis en su país, incluye elementos vinculados al crimen organizado. Estas redes operan en varios países de América Hispana y podrían estar coordinadas con el gobierno de Maduro para llevar a cabo acciones como esta.

Un llamado a la acción

El caso de Ronald Ojeda debe ser un punto de inflexión para Chile. Es necesario mejorar el sistema de justicia y liderar esfuerzos regionales para enfrentar al crimen organizado y sus posibles vínculos con gobiernos autoritarios. Garantizar justicia para Ojeda es también defender la soberanía y seguridad del país.


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